La patronal advierte de retrasos de hasta 36 meses en nuevos puntos de recarga, pese a 150 millones invertidos y más de 2.000 electrolineras desplegadas. AORU: 36 meses de retraso
Retrasos administrativos frenan la inversión en electrificación
Seis medidas urgentes para acelerar el despliegue
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Plazos vinculantes para las distribuidoras: obligación legal de responder a las solicitudes de conexión en un máximo de 30 días hábiles, con un sistema de sanciones en caso de incumplimiento.
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Transparencia en la red: publicación de mapas unificados de capacidad disponible con alto nivel de detalle, bajando hasta líneas individuales de media tensión y no solo subestaciones.
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Fin de las denegaciones opacas: prohibición de denegar acceso a la red sin explicaciones claras y sin ofrecer alternativas viables.
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Desbloqueo municipal: aplicación efectiva y homogénea de la Declaración Responsable en todos los municipios, con silencio administrativo positivo a los tres meses para evitar proyectos bloqueados indefinidamente.
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Identidad propia para la recarga: Se propone crear de inmediato la categoría CNAE 35.17, específica para servicios de recarga de energía, según propuesta del IDAE. Además, esto evita reglas que provienen de gasolineras y fomenta concursos públicos específicos para electrolineras, asegurando una competencia justa.
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Certidumbre en los incentivos: evolución del Plan Auto 2030 hacia un sistema de adjudicación directa y armonizada de ayudas, que dé estabilidad a las inversiones.
El director general del IDAE, Miguel Rodrigo, ha señalado que es clave tanto mejorar el marco existente como asegurar su correcta aplicación, y ha reiterado la voluntad del organismo de seguir colaborando con el sector para acelerar la ejecución de proyectos y reducir los plazos reales de despliegue. AORU: 36 meses de retraso
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