El abono joven de Madrid, una pérdida de unos 80 millones

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La patronal reclama una ley de financiación que regule las últimas »tarifas sociales»

En los últimos meses varios los ayuntamientos o comunidades han proclamado medidas sociales en transporte público: el abono transporte a 10 euros para desempleados, el abono joven a 20 euros de Madrid, el título anual a 10 euros de Valencia entre otros. Por: Verónica López Trensig

ATUC considera que este tipo de medidas debe ejecutarse de manera razonable y pensando en la sostenibilidad. Respalda la política de subvenciones especiales a los colectivos más vulnerables ya que el acceso al transporte público debe ser universal.

La ausencia de una ley de financiación provoca que no esté establecido claramente qué parte de los costes debe soportar cada actor (usuarios, corporaciones locales, comunidades autónomas y el Estado), por lo que este tipo de medidas podría recaer injustamente sobre los presupuestos de prestación del transporte público.

La patronal cree que la decisión del Gobierno de Madrid de ofrecer un abono a 20 euros para los jóvenes y de la que también se benefician vecinos de Castilla La Mancha y Castilla León podría suponer una pérdida de ingresos de 80 millones de euros en venta de billetes.

Actualmente en España circulan más de 750 trenes en hora punta y más de 10.000 autobuses, lo que implica una plantilla de más de 40.000 personas, que representan entre el 65% y el 70% de los costes. Variables como la electricidad, los servicios de limpieza o la seguridad, lo que eleva el coste del transporte público español a unos 5.000 millones de euros.

A más déficit, más subvención

España es el único país de la Unión Europea que no dispone de una ley de financiación del transporte público, lo que provoca que haya ciudades que reciben 0,05 euros por habitante de subvención pública mientras que en otras se superan los 20 euros.

La patronal del transporte público reclama una ‘ley paraguas’ para que este tipo de decisiones se lleven a cabo con garantías para los ciudadanos. Las subvenciones que reciben las ciudades con más de 50.000 habitantes, se adjudican en base al déficit, es decir, cuanto más dinero pierde la empresa del transporte público más dinero recibe, no se premia la gestión más eficiente.