El primer derecho del transportista: Ser multado (04-02-2016)

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    Vivimos en un país donde afortunadamente nos respalda una constitución democrática y eso significa que todos los ciudadanos somos iguales ante la ley, aunque a veces no lo parezca. Ello se traduce en toda una serie de derechos y obligaciones que tenemos, como por ejemplo, el derecho a la huelga que es algo recogido en el segundo título del artículo 28 de la Constitución Española. 

    Hasta hace poco suponíamos que entre los beneficiarios de dichos derechos se incluía a los transportistas, aunque afortunadamente el Servei Territorial de Trànsit de Tarragona nos ha sacado de nuestro error. Decimos esto a cuento de la reciente protesta por la situación que en Tarragona se vive a lo largo de la ruta N-340, promovida desde la patronal tarraconense FEAT, de la cual dimos cumplida información en su momento a través de un reportaje que siguió la marcha lenta de transportistas a lo largo de la N-340 y AP7. Debemos aclarar que dicha marcha fue convocada con antelación ante autoridades y concesionaria, por lo que contaba con las debidas autorizaciones y, naturalmente, se desarrollo de modo totalmente pacífico. Vamos, la típica protesta de cualquier sector social en un país civilizado.

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    Bueno, con una salvedad, que a bajo nuestro humilde punto de vista nos coloca más cerca de una república bananera que de un país de la Unión Europea. Dicha salvedad consiste en que en este caso ejercer un derecho constitucional queda sometido a una multa. Una multa tramitada por el eficaz y vigilante Servei Territorial de Trànsit d Tarragona cuyos agentes han tenido a bien señalar que los vehículos participantes en dicha marcha lenta cuando llegaron a la barrera del peaje hicieron caso omiso de la señal del peaje, en concreto la que nuestro código de circulación identifica como R-200. Hay que destacar como en este caso la propia concesionaria de la autopista colaboró levantando las barreras a la llegada de los vehículos participantes en la protesta, aunque ello no parece importar en lo más mínimo a los agentes denunciantes. Parece que uno de los derechos irrenunciables de los transportistas es el de ser denunciados, por mucho que sus reivindicaciones puedan parecer justas…