El miedo a los disturbios y a los piquetes provoca que el Gobierno modifique los tiempos de descanso y de conducción de los transportistas.
El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, ha dictado una resolución tras analizar las consecuencias del paro indefinido del transporte en España. Paro convocado por la Plataforma en Defensa del Sector del Transporte de Mercancías, al que se han sumado Fenadismer, Fetransa y Feintra. Las marchas lentas de los huelguistas, los disturbios y los piquetes siguen provocando problemas de desabastecimiento en todo el país. Por ello, el Ministerio ha decidido flexibilizar los periodos de descanso y conducción en el transporte de mercancías, para evitar este tipo de problemas con los que nos encontramos actualmente.
La resolución, publicada el pasado martes en el Boletín Oficial del Estado (BOE), será de aplicación a los conductores que realicen operaciones de transporte de mercancías en todo el territorio nacional desde el día 17 al 27 de marzo de 2022, ambos incluidos.
La resolución por parte del Ministerio que flexibiliza los periodos de descanso y conducción intentará que los camioneros que no secundan la huelga puedan trabajar bastantes más horas de las permitidas hasta ahora, con el riesgo de seguridad que puede comportar. Así, se sustituye el límite de conducción diaria máximo de 9 horas por uno de 11 horas. Se reemplaza el límite de conducción semanal máximo de 56 horas por uno de 60 horas. Se sustituye el límite de conducción bisemanal máximo de 90 horas por uno de 102 horas. Y se establece la posibilidad de tomar dos descansos semanales reducidos consecutivos de al menos 24 horas.
Excepción temporal
Este cambio en los tiempos de descanso y conducción es posible por el reglamento europeo. Reglamento que prevé que, en caso de urgencia como estos, los Estados miembros pueden establecer excepciones temporales al cumplimiento de estos periodos de trabajo por un plazo máximo de 30 días.
De hecho, así lo ha explicado el propio Gobierno. Ha señalado que el artículo está diseñado para permitir a los países miembros de la Unión Europea (UE) hacer frente a situaciones que presentan “circunstancias excepcionales y repentinas que son inevitables y que no pueden preverse. En las que inesperadamente se hace imposible aplicar las disposiciones del reglamento europeo en su totalidad por un corto periodo de tiempo”.
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